El Gobierno pagó de más por productos esenciales

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El Gobierno nacional admitió ayer que en una reciente megacompra de alimentos para distribuir en comedores y merenderos se pagaron precios por encima de los que tienen los mismos productos en las despensas y en los supermercados. Las compras fueron impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social ante la necesidad de cubrir la demanda urgente en los comedores, que pasaron de atender a ocho millones de personas a unos 11 millones, como consecuencia de la crisis económica provocada por el coronavirus.

El ministro del área, Daniel Arroyo, argumentó que los productos se pagaron en línea con “los precios testigo de la Sigen (Sindicatura General de la Nación), que no incluyen la logística” como “el traslado a los depósitos”, pero admitió la necesidad de que haya “un cambio estructural y profundo en el sistema de compras en el Estado”.

Un ejemplo de la controversia fue la compra de aceite mezcla en envase de un litro y medio. Según se publicó ayer en el Boletín Oficial, en base a las ofertas recibidas en la licitación, el Gobierno compró a la empresa Sol Ganadera 340 mil envases de aceite comestible mezcla marca Índigo, de 1,5 litros, a 157,80 pesos, por unos 53.652.000 pesos. Otros 340 mil envases del mismo producto le compró a la empresa Copacabana SA, pero a 158,67 pesos la unidad. Y también resultó adjudicada la empresa Teylem, con otros 340 mil envases, a 166,58 pesos. La compra total de aceite, a las tres empresas, fue por unos 164 millones de pesos.

Las dudas surgen cuando se advierte que el Estado pagará entre 157 pesos y casi 170 pesos el mismo producto que, de acuerdo a la lista de precios máximos difundida por el Gobierno el 20 de marzo pasado (y por la cual se deben regir todos los comercios minoristas), figura a 98 pesos (marca Ideal) y a 111 pesos (marca Cocinero).

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Lo mismo ocurrió con el paquete de azúcar de un kilo común “tipo A”. Se adjudicaron compras a dos proveedores que ofrecieron precios promedio de 75 pesos la unidad, cuando un producto similar, según la lista de precios cuidados para la región metropolitana, figura entre los 52 y los 56 pesos.

“Hay dos productos, azúcar y aceite, que estuvieron por encima de los precios fijados por la Sigen. En todos los casos pedimos rebaja, se hizo una evaluación técnica. Se decidió igual la compra porque estamos ante una emergencia”, explicó Arroyo en una entrevista a Radio con Vos. En otra entrevista, el ministro dijo que ante el pedido de rebaja de precios, “los proveedores se plantaron” y se manifestó a favor de “un cambio estructural y profundo en el sistema de compras del Estado”.

Arroyo dijo que no se logró “cubrir el volumen (demandado por el Estado) de 1,7 millones de módulos de todos estos productos”. Arroyo dijo que por las compras se pagaron 384 millones de pesos. De haberse pagado los productos de acuerdo a los precios que el mismo Estado fija, la cuenta pudo rondar hasta un 40 por ciento menos.

Críticas

El alto precio de los alimentos pagados por el Estado fue criticado por Juan Grabois, un dirigente social aliado al gobierno de Alberto Fernández. “Estas son las cosas que me enferman y que no se pueden dejar pasar. Algún HDP compró fideos al triple de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a 28 pesos el paquete versus 84 pesos. Es una estafa a los pobres. Confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable”, opinó Grabois en su cuenta de Twitter.

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“Se pagaron 108 millones de pesos de más. El ministro Arroyo dice que fue porque los fabricantes se le plantaron. Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control”, criticó la presidenta del PRO y exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich.

El economista Martín Kalos, de la consultora Elypsis, calificó de “problema eterno” a las compras públicas. “El Estado paga tarde y eso puede implicar mayores costos administrativos, entonces quienes se presentan a licitaciones suman algún ‘interés’ al precio por la falta de certeza del plazo de cobro”, explicó. Según una fuente del Ministerio de Desarrollo Social consultada por este diario, “el Estado paga a 60, 90 y hasta en 120 días. Pero en estos casos en los que los presupuestos están disponibles por la emergencia, puede darse que se pague antes, a 30 días. La demora (en los pagos) no es por desidia, es por procesos burocráticos y legales con los que hay que cumplir”, se explicó.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 7/04/2020 en nuestra edición impresa.

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