Por ahora, Julieta Jaime no volverá a trabajar en el Aeropuerto, y por qué el caso podría terminar en la Corte

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Al menos por ahora, Julieta Cecilia Jaime no volverá a trabajar a su puesto en la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) en el Aeropuerto Ambrosio Taravella. El pleito judicial sobre su reinserción, que lleva varios años, podría terminar ahora en la Corte Suprema de Justicia. 

Es que, el viernes, la Anac presentó un recurso extraordinario apeló la resolución de segunda instancia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. El 8 de mayo último, los vocales habían confirmado el fallo del juez federal N°3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había autorizado a la hija del exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime, condenado por la tragedia de Once y sometido a juicio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, a ser reincorporada a su empleo. 

La suspensión (sin goce de sueldo) de la “agente técnica principal nivel D” se produjo el 22 de agosto de 2016, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando fue procesada (sin prisión preventiva) por el juez Sebastián Casanello en la causa por el supuesto enriquecimiento, que tiene como principal imputado a su padre. También había ordenado embargar los bienes de ella hasta cubrir 500 mil pesos.

La causa está en trámite, por lo que no se llegó aún a ninguna sentencia. Según la Anac, la suspensión provisoria es hasta tanto se resuelva su situación penal. Jaime se presentó a trabajar en noviembre de 2016, pero le impidieron su ingreso a su puesto.  

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Julieta está acusada de participar en “maniobras” tendientes a “disimular el incremento patrimonial de Ricardo Jaime –por fuera de sus ingresos legítimos-” a través de la compra de distintos bienes por cientos de miles de pesos. Hizo su descargo y fue indagada.

Sin embargo, el perito oficial Héctor Roccatagliata expuso que el peritaje contable no había acreditado que la mujer tuviera “un patrimonio que justifique tener los fondos u haberlos obtenido mediante alguna actividad que pudiera haber desarrollado con anterioridad”.

“Agregó que la documentación presentada por la defensa de Julieta respecto a sus ingresos no estaba acreditada. Así de las declaraciones prestadas por las licenciadas se concluye que la versión dada por Julieta no tiene asidero”, indicó Casanello.

Apelación ante Vaca Narvaja

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Sobre la disputa judicial por su reinserción en la Anac, el 11 de octubre de 2019, Vaca Narvaja había hecho lugar al amparo interpuesto por los abogados de Jaime, Carla Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, quienes señalaron que el plazo de suspensión que es por demás excesivo y arbitrario y carente de sustento fáctico y jurídico, por lo que debía ser revocado por el juez.

Consideraron que la suspensión era un acto extremadamente sancionatorio, que vulneraba garantías constitucionales. La Sala A de la Cámara Federal, integrada por los vocales Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, confirmó que fallo de Vaca Narvaja y dispuso que fuera reincorporada.

Moreno había señalado a La Voz que debía ser reinsertada a su empleo si es que Anac no casaba la resolución de la Cámara. Pero el organismo nacional apeló y el caso quedó nuevamente en manos de los camaristas.

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Rechazo de la Anac

Tras el fallo de los camaristas, la Anac, a través del abogado Antonio Eugenio Márquez, casó la resolución ante la misma Cámara, según la presentación a la que pudo acceder La Voz.

Argumentó que la sentencia que ordenó la reincorporación “configura una orden que viola las facultades discrecionales de mi mandante (Anac) y contraria toda la normativa vigente sobre empleo público. Como consecuencia de ello, trae aparejada arbitrariedad”.

La Anac calificó como “sentencia irrazonable” al fallo, ya que decidió reinstalar a Jaime “apartándose de los extremos fácticos y legales de la causa”.

Eso “genera -amplió- una conclusión jurídicamente inaceptable por cuanto resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de primera instancia, y en consecuencia intima a la Anac a dejar sin efecto una medida adoptada en virtud de la normativa aplicable relacionada con la potestad sancionatoria (…) prevista para casos como el de la actora en  el ámbito de las relaciones de empleo público”, señaló.

Eso está, agregó, “en abierta contradicción al derecho aplicable,  lo que causa una situación de gravedad institucional de imposible reparación ulterior”.

La Anac rechazó el argumento de la Cámara de que no había sido fundamentada la suspensión sobre los motivos por los cuales se la privó de su derecho de trabajar. “Tal postura es  errónea toda vez que el acto administrativo mediante el cual mi mandante dispuso la suspensión preventiva de la actora encuentra su basamento en la normativa expresamente expuesta en los considerandos de la misma y en la potestad sancionatoria que surge (…)”, indicó.

En ese sentido, opinó que Jaime no tiene “derecho adquirido” a ser reincorporada,” toda vez que al encontrarse un agente procesado por  hechos no vinculados al servicio y la naturaleza  del delito que se le imputa fuera incompatible con su desempeño en la función -en el caso que no fuera posible asignarle otra-, podrá disponerse la suspensión preventiva del mismo hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal”.

Asimismo, destacó que el reglamento “prevé que en el caso que el agente sea absuelto o sobreseído en sede penal y solo por el tiempo que estuvo en libertad, se le pagarán los haberes por el lapso que se mantuvo la suspensión”.

Por otro lado, sobre la postura de la Cámara respecto a que la suspensión prolongado implica una pena anticipada, Anac sostuvo que ese razonamiento “no es correcto, pues el término de la suspensión preventiva de que puede ser pasible el personal de la Administración difiere según exista o no proceso criminal. 

“Si existe proceso criminal, aquélla debe durar hasta su terminación. Al tenor del artículo 6 del decreto Nº 4520/60, la suspensión preventiva por razón de estar sujeto el agente  a  proceso, es regular. También lo es la duración de la misma hasta la terminación de la causa criminal”, planteó.

“De lo expuesto se demuestra que la suspensión de la actora no adolece de vicio alguno, pues ha sido impuesta conforme la normativa aplicable en materia sancionatoria a los agentes  que se rigen por una relación de empleo público”, señaló.

Tras analizar otros aspectos de la Cámara, que también rechazó, la Anac opinó que ese fallo “carece de motivación adecuada, pues obvia el derecho aplicable y los planteos formulados por esta parte. En definitiva, la sentencia peca de deficiente fundamentación, tornándose en arbitraria y nula, al desconocer la verdadera naturaleza del conflicto”.

En consecuencia, le solicitó que admita el recurso y que lo eleve ante la Corte Suprema. 

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